Las consecuencias del odio en Puerto Rico

Contributed by Jorge A. Colón Ortiz N/A
September 16, 2010
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The Murder of Jorge Steven López Mercado

Clínica de Asistencia Legal sobre Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género (Universidad de Puerto Rico, Facultad de Derecho)

  

Las palabras “crimen” y “odio” parecen ser axiomas de un mismo acto. Empero, cuando en el ámbito jurídico local e internacional nos referimos a un crimen de odio, la discusión apunta al análisis de una conducta que está motivada por tener un prejuicio hacia un individuo por pertenecer o percibir que pertenece a un grupo específico.

Las legislaciones que pretenden disuadir a la población de la comisión de estos delitos, generalmente protegen a los grupos raciales, religiosos, étnicos, políticos, discapacitados, de distinta orientación sexual, género, identidad de género, edad, condición social, estado civil, entre otras.

En Puerto Rico la jurisprudencia no ha atendido nunca un delito motivado por el odio, o al menos no lo ha reconocido como tal. No obstante, en los últimos meses la presión colectiva local e internacional parece empujar para que el reciente asesinato del joven de 19 años, Jorge Steven López Mercado, sea juzgado como un crimen de odio.

Como mera coincidencia, el 28 de octubre del pasado año, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act, la cual sirve para incluir, en la ley federal de crímenes de odio de 1969, a las víctimas de crímenes motivados por el género real o percibido de la víctima, por orientación sexual, identidad de género o discapacidad.

Dicha ley establece una jurisdicción más amplia del gobierno federal para investigar los crímenes de odio en aquellos estados en los que se perpetren, por lo que se podrían radicar cargos bajo dicho estatuto en caso de que un gobierno estatal no tome acción sobre el particular. Puerto Rico está amparado en esta disposición de ley por constituir un territorio de los Estados Unidos. Empero, los estatutos locales le otorgan a nuestro gobierno sus propios mecanismos para atender un crimen como éste.

Dentro del nuevo Código Penal de Puerto Rico (2004), no hay recogida una modalidad de crimen de odio específica. No obstante, el artículo 72(q) del referido código, establece lo que en derecho consideramos un agravante del delito.

Dicho artículo de la ley establece que el agravante se constituye si “el delito fue cometido o motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, […]. Para propósitos de establecer motivo como se dispone en este inciso, no será suficiente probar que el convicto posee una creencia particular, ni probar que el convicto meramente pertenece a alguna organización particular.” Nótese, que esta disposición no busca coartar la libertad de expresión del ciudadano. Este agravante no surge cuando alguien hace una expresión racista u homofóbica, sino que se activa cuando se evidencia que un delito ya constituido en nuestra legislación ha sido motivado por uno de estos factores.

Además, es importante observar que para evidenciar que la comisión del delito se debió al odio hacia un grupo particular la fiscalía tendrá que presentar la prueba necesaria para probar que la motivación para cometer el delito en especifico fue la animosidad o sentimiento en contra de dicho grupo o sector.

Por tanto, no podemos establecer que hay tal cosa como un crimen de odio, sino un delito que puede ser vulnerable a que su pena se vea aumentada si se prueba que su motivación fue el odio hacia uno de los grupos protegidos. No obstante, si al confeso asesino de Jorge Steven López, Juan Martínez Matos, lo encontraran culpable de asesinato en primer grado, dicha convicción no aparejaría un aumento en la pena, por lo que la sentencia correspondería a 99 años de prisión. Por tal razón, el efecto real de un procesamiento bajo este agravante sería simbólico, ya que demostraría cuál es la política pública del Estado, al menos según expresada en la legislación, de rechazo a este tipo de crímenes y en pro de la lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad del ser humano. Por otro lado, si este agravante surgiera a la vida dentro de un crimen con una pena que no llegara a ese límite máximo, tendría un efecto material en el aumento de la pena del individuo que lo cometió.

Los crímenes de odio son parte de la historia mundial. Basta con recordar la era del Holocausto cuando millones de judíos fueron asesinatos por el Estado Nazi como consecuencia de su etnia. Evidentemente, las motivaciones de esta dictadura eran patentes en su discurso y descaradas en su abierta admisión. Sin embargo, cuando se trata de un crimen de odio en el que se envuelven sólo dos individuos, corresponde al que quiere probar dicho agravante traer en evidencia la prueba necesaria para que se haga patente la existencia de una motivación de este tipo.

Basado en lo que contempla nuestro ordenamiento, un agravante por “crimen de odio” tendría su mayor efecto en el ámbito de los procesos judiciales.

Una vez el tribunal ha encontrado culpable al acusado, el fiscal podrá solicitar que se escuche prueba para evidenciar agravantes a la pena que se impondrá. Dicha disposición, recogida por la regla 162.4 de las Reglas de Procedimiento Criminal, estipula también que se celebrará una vista en caso de que haya una controversia real en cuanto a un hecho material que requiera que se presente prueba.

Es entonces, en el entendimiento y aceptación del fiscal de que el delito cometido constituye un crimen de odio, donde radica la responsabilidad de que el agravante nazca a la vida, o se quede sólo como una figura jurídica que nunca adviene a la acción, mas se queda muerta en el texto de la ley.

Esta modalidad de atender el disloque en la conducta social que lleva a perpetrar estos crímenes odio, puede parecer incompleta en sus principios por no darle nombre y apellido a crímenes tan atroces como éstos. En definitiva, el intento del estado de penalizar estas conductas se queda corto en sus propósitos por no hacer una legislación especializada que atienda a los pormenores del tema, que obligue a los funcionarios del estado a utilizarla en los casos indicados y sirva de disuasivo a los posibles delincuentes.

Los crímenes de odio son el resultado de la educación social deformada, el aval a la intolerancia, y el ensalzamiento de la diferencia y la clasificación en vez de resaltar la diversidad y la inclusión. Aunque nuestra legislación provee para que estas conductas sean erradicadas poco a poco, el estado es el agente responsable de mover la maquinaria de la justicia para obligar a los ciudadanos a educarse y desarrollar ese respeto hacia aquellos que le rodean y no comparten su mismo pensar y estilo de vida.

El confeso asesino de Jorge Steven López enfrentará la lectura de acusación el 8 de marzo de este año, y el juicio en su fondo comenzará en marzo 30.